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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza admitió parcialmente el recurso extraordinario de la Municipalidad de General San Martín y delimitó el alcance de la cosa juzgada en materia ambiental. En fallo dividido, el máximo tribunal revocó la obligación comunal de ejecutar obras de recomposición por considerar que ese rubro ya había sido compensado en un pleito previo, pero confirmó la indemnización sustitutiva por daño ambiental individual respecto de las hectáreas no alcanzada

En este fallo, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió por mayoría que el seguro contratado para resguardar las instalaciones de un estudio jurídico funciona como un insumo de la actividad profesional y no como destino final. Asimismo, la Corte confirmó que la inaplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor puede declararse de oficio por tratarse de una norma de orden público, aun cuando las partes hayan trabado la litis bajo dicho régimen. En el caso concreto ex

En este caso, el máximo tribunal de Mendoza resolvió que las investigaciones privadas y los informes de liquidación no corroborados en sede judicial no bastan para acreditar la inexistencia de un siniestro. Además, aplicó la regla del in dubio pro consumidor (art. 207 CPCCT) para revocar la sentencia que había rechazado la demanda. Carátula: “Curi Ramón Alberto En J° 58235/313.326 Curi Ramón Alberto c/ MET LIFE Seguros de personas y patrimonio S.A. p/ Proceso de consumo p/ Re

En este caso, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisa una sentencia que rechazó una demanda por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito entre una motocicleta y un peatón. El tribunal superior valida la decisión de las instancias inferiores al confirmar que la culpa exclusiva de la víctima interrumpe el nexo causal y exime de responsabilidad al conductor del vehículo. La controversia central giró en torno a: 1) la valoración probatoria de la pericia téc

El Poder Ejecutivo de Mendoza promulgó la Ley N°9715, introduciendo modificaciones clave en el ordenamiento procesal civil y en el marco regulatorio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La reforma, que modifica la Ley 4.203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9.001), asigna a la Justicia de Paz Letrada el desalojo de inmuebles del Instituto Provincial de la Vivienda y establece que la impugnación administrativa no suspenderá la ejecución judicial

Por: María Milagros Oviedo. Estudiante de Abogacía de la UMaza. En el marco de un reclamo de vecinos contra un municipio por la tardanza en el control de ruidos molestos de un local comercial, el Máximo Tribunal provincial analiza el estándar del "plazo razonable". El fallo recuerda que el deber genérico de proveer seguridad no convierte al Estado en un asegurador universal frente a los ilícitos de terceros, y establece que los tiempos de la administración deben evaluarse en