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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza declaró por mayoría la nulidad del decreto que había dispuesto la cesantía de un agente del Hospital Teodoro J. Schestakow y ordenó su reincorporación con el pago de los salarios caídos. La causa giró en torno a una pregunta recurrente del derecho público: hasta dónde puede el juez revisar la sanción que la Administración impone a sus agentes en ejercicio de la potestad disciplinaria.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la acción procesal administrativa interpuesta por una empleada del Honorable Concejo Deliberante de Lavalle que fue removida de su cargo de Prosecretaria Legislativa tras casi 17 años de desempeño. El tribunal confirmó que los cargos de Secretaría del Concejo son de naturaleza política o de confianza y están excluidos de la estabilidad del empleo público, por lo que rechazó el pedido de reincorporación. Sin embargo, declaró

La Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó la demanda de un ingeniero del Instituto Provincial de la Vivienda que pretendía el reconocimiento de antigüedad por los años en que se desempeñó como docente en un colegio privado incorporado a la enseñanza oficial. El tribunal coincidió en el resultado pero se dividió en los fundamentos. Carátula: " Campanella, Dante Angel c/ Instituto Provincial de la Vivienda p/ Acción Procesal Administrativa " Expediente:

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en pleno, resolvió rechazar la acción procesal administrativa interpuesta por dos empresas contra el Departamento General de Irrigación, confirmando la legitimidad de los actos administrativos que denegaron las concesiones de uso de aguas subterráneas sobre dos pozos en la Subcuenca El Carrizal. Sin embargo, por mayoría de cuatro votos contra tres, el tribunal adoptó un remedio judicial que ordenó a Irrigación canalizar las necesidades

La Suprema Corte de Mendoza hizo lugar al reencasillamiento profesional de una licenciada en el IPV, rechazando los argumentos presupuestarios de la Administración. Mientras la minoría propició el rechazo por contradicciones en la teoría del caso de la actora, el voto mayoritario sostuvo que el derecho a la carrera y a "igual remuneración por igual tarea" debe prevalecer sobre los defectos procesales y las limitaciones financieras del sector público. Carátula: " Atencio María

Mediante el Decreto N° 2810 , el Gobierno de Mendoza establece la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas para todos los empleados públicos del Poder Ejecutivo provincial. La norma encuentra fundamento en la Ley N° 9625 de Transformación Digital y, en concordancia con la Ley N° 9003, tiene como objetivo modernizar y agilizar las comunicaciones administrativas relacionadas con la relación de empleo público. El decreto dispone que la plataforma Mendoza X Mi (MXM) se