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La feria judicial no suspende los plazos fatales de caducidad societaria si existen juzgados de turno habilitados en el sistema digital. Así lo resolvió la Suprema Corte de Mendoza al rechazar un recurso extraordinario y declarar extemporánea una demanda impugnativa de asamblea presentada a primera hora del primer día hábil posterior al receso, ratificando el carácter perentorio del art. 251 de la Ley General de Sociedades y delimitando los alcances de la Acordada N° 31.699.

Como en el viejo sistema del expediente papel, en el que la Mesa de Entradas advertía el yerro en el acto y permitía enmendarlo, la Suprema Corte mendocina sostuvo que un tropiezo en el menú desplegable de una plataforma informática no puede desplazar la ponderación humana de los derechos en juego, ni conculcar el derecho a la revisión judicial. Con ese criterio, el Máximo Tribunal revocó un fallo de Cámara por exceso de rigor ritual y dio curso a un recurso de apelación ingr

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó el fallo de la Cámara de Apelaciones de Familia y convalidó la base de cálculo de honorarios fijada en primera instancia en un juicio de alimentos. El Máximo Tribunal provincial determinó que para la regulación de la cuota definitiva corresponde aplicar la escala sobre dos años de alimentos íntegros (art. 9 bis inc. i.4, Ley 9131), descartando que deba computarse únicamente la diferencia con la cuota provisoria cuando esta última

El Poder Ejecutivo de Mendoza promulgó la Ley N°9715, introduciendo modificaciones clave en el ordenamiento procesal civil y en el marco regulatorio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La reforma, que modifica la Ley 4.203 y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario (Ley 9.001), asigna a la Justicia de Paz Letrada el desalojo de inmuebles del Instituto Provincial de la Vivienda y establece que la impugnación administrativa no suspenderá la ejecución judicial

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza revocó un fallo de Cámara que había rechazado la caducidad de una acción por accidente laboral. El máximo tribunal determinó que una demanda presentada sin firmas (ni de la actora ni del abogado) es un "acto inexistente" que no interrumpe los plazos legales. Debido a que la subsanación se realizó meses después de vencido el plazo de 45 días previsto en la Ley 9017, se declaró la caducidad de la instancia y se impusieron las costas perso

La falta de inclusión en el certificado de fracaso de la OCL de algún rubro reclamado habilita la suspensión de los procedimientos hasta que se cumpla con el agotamiento de la instancia previa respecto de los rubros preteridos, pero no el rechazo in limine de la pretensión. Si en la etapa inicial la demandada no solicitó la suspensión de procedimientos e intimación correspondiente, se considera que consintió el progreso de la causa hasta la sentencia. Carátula: “ RUMAOS SA