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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza reiteró que en aras de la buena fe de las partes al litigar (art. 2 inc. “h” y 22 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario), es deber legal del actor denunciar sus preexistencias, sin perjuicio del acceso que poseen los tribunales del trabajo para verificar incapacidades anteriores en la página web oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (conforme el citado Convenio – Marco entre la SCJM y la SRT N.º 30/11); así c

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza hizo lugar a la acción procesal administrativa interpuesta por una prosecretaria del Concejo Deliberante de Lavalle cuyo cargo fue calificado como "de confianza" y, por ende, ajeno al régimen de estabilidad de la Ley 5892. La Corte reconoció que el mero transcurso del tiempo no genera estabilidad en ese tipo de cargos, pero advirtió que la discrecionalidad del poder político para removerlos no lo exime del deber de motivar adecuadamente

¿A partir de qué momento debe comenzar a computarse el plazo de quince (15) días previsto por el artículo 29 del CPCCTM para acreditar la personería invocada o ratificar la actuación procesal realizada por un abogado que viene sin poder a la causa?