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Agente encargado de recuperar inmuebles fiscales facilitó que su expareja y su hija menor ocuparan uno de ellos: la SCJM confirma su cesantía

hace 8 minutos
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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó la cesantía de un abogado de la Dirección General de Escuelas (DGE) que tenía a su cargo los desalojos de inmuebles fiscales, tras comprobarse que facilitó, en forma premeditada y aprovechando su función, la ocupación irregular de uno de esos inmuebles por su expareja y una hija menor de ambos.



Carátula:

Expediente:

13-06757940-7

Tribunal:

Suprema Corte de Justicia de Mendoza

Fecha:

8 de septiembre de 2026

Votos:

Palermo - Adaro - Valerio


Antecedentes

  • Un inmueble sito en calle Videla Castillo de la Ciudad de Mendoza ingresó al patrimonio estatal como herencia vacante. Tras fallecer su anterior comodataria, la repartición designó a una notaria para tomar posesión del inmueble. Al constatar que se encontraba ocupado, la escribana sugirió su recupero urgente por vía judicial.

  • El agente y actor en autos, en su carácter de asesor letrado de la DGE, intervino en el juicio de desalojo, que en agosto de 2014 concluyó con la orden de entrega del inmueble al organismo.

  • A partir de allí, el inmueble tuvo una sucesión de ocupantes, sin que constara autorización formal: primero fue destinado a alojar refugiados de Siria, luego lo ocupó un ciudadano brasileño, posteriormente residió otro agente de la DGE junto con su pareja, y finalmente fue ocupado por la expareja del agente actor en estos autos, junto con sus dos hijas menores de edad.

  • Ante estas irregularidades, la Dirección de Asuntos Jurídicos requirió al agente que informara sobre el vínculo entre los ocupantes y él y la razón de la ocupación. En su respuesta, reconoció que su colega de repartición había sido autorizado a vivir en el inmueble y que Servicios Generales le había entregado la llave. Un tiempo después, este agente se radicó en la ciudad de Miramar, por lo que el agente actor en autos solicitó que se formalizara un comodato a favor de su propia expareja para "cuidar la propiedad".

  • El Honorable Consejo Administrativo de la Enseñanza Pública informó que la mujer había pedido esa misma autorización en 2019 y que nunca le fue concedida, por lo que la ocupación resultaba ilegítima.

  • Sobre esta base se dispuso primero una información sumaria y luego la apertura de un sumario administrativo contra el agente, por presunto incumplimiento de los deberes de conducta decorosa, custodia de los bienes del Estado y comunicación de irregularidades (art. 13 incs. b, p y r del Decreto Ley Nº 560/73), y por las prohibiciones de valerse de los conocimientos adquiridos en la función para fines ajenos al servicio y de arrogarse atribuciones que no le competen (art. 14 incs. k y l del mismo cuerpo normativo).

  • Producida la prueba de cargo y de descargo, la instrucción sumarial concluyó que la ocupación ilegítima del inmueble por parte de su expareja y su hija no hubiera sido posible sin la intervención del agente, y propició la sanción de cesantía prevista en el art. 5 incs. b y d del Anexo del Régimen Disciplinario de la Ley Nº 9103.

  • La DGE dictó la resolución aplicando esa sanción, notificada al agente en septiembre de 2021.


Posición de la SCJM

  • La Corte repasó las distintas incidencias procesales invocadas por el actor, entre ellas la denegación de la prueba pericial e informativa ofrecida, el plazo fijado para diligenciar un oficio a la fiscalía de delitos económicos y la disposición de que la indagatoria se rindiera por escrito en atención al contexto de pandemia.

  • En virtud de la prueba aportada, tuvo por acreditado: que el agente se desempeñaba como asesor letrado con intervención específica en los desalojos de inmuebles de la DGE; que había participado del desalojo del inmueble en cuestión en 2014; que desde 2018 este era ocupado por su expareja y una hija menor de ambos; y que él mismo había solicitado que se formalizara un comodato a favor de su expareja.

  • A partir de estos elementos, consideró que el agente tenía pleno conocimiento de la ocupación ilegítima y que había violado el ordenamiento jurídico en forma premeditada y deliberada, dado que, por su cargo, función y acceso a la documentación sobre el estado de los inmuebles de la repartición, esa ocupación no hubiera sido posible sin su intervención.

  • El tribunal calificó la conducta como una inobservancia gravísima de los deberes del empleado público, en atención a la jerarquía y profesionalidad exigibles a quien ejercía la asesoría jurídica de la propia Dirección encargada de recuperar los inmuebles fiscales.


Solución del caso

  • Se rechazó la acción procesal administrativa entablada por el agente y se confirmó la resolución que dispuso su cesantía.

  • Costas a la vencida.

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