El principio de buena fe obliga al actor y a su representante a denunciar las incapacidades prexistentes
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza reiteró que en aras de la buena fe de las partes al litigar (art. 2 inc. “h” y 22 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario), es deber legal del actor denunciar sus preexistencias, sin perjuicio del acceso que poseen los tribunales del trabajo para verificar incapacidades anteriores en la página web oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (conforme el citado Convenio – Marco entre la SCJM y la SRT N.º 30/11); así como las sentencias homologatorias firmes que reconocen incapacidades, o que obran en el sistema “iurix on line”, a los fines de calcular la capacidad restante.
Carátula:
Expediente:
13-07299036-0/1
Tribunal:
SCJM
Fecha de sentencia:
14 de mayo de 2026
Votos:
Gómez - Adaro - Garay
Hechos relevantes
El actor reclama una indemnización por un porcentaje de incapacidad, sin denunciar ni computar incapacidades preexistentes que constaban en la página web oficial de la SRT.
La sentencia recurrida
La sentencia de grado admitió la demanda por indemnización conforme Ley de Riesgos del Trabajo, por padecer el actor “síndrome varicoso bilateral”, con un 4,76% de incapacidad parcial y permanente (IPP), conforme pericia médica que reseña.
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor trabajó por 20 años en la empresa “Aceros Cuyanos S.A.”, en tareas metalúrgicas varias, que implicaron posiciones de bipedestación (antiergonómicas), tareas de fuerza, y posiciones viciosas. Fijó la incapacidad del actor en un 4,76% de IPP, valorada conforme Decreto 49/14 (modificatorio del Decreto 659/96), y dijo que el perito tuvo en cuenta preexistencias para cuantificar dicha incapacidad.
Contra la sentencia de la Cámara, la parte demandada interpuso recurso extraordinario provincial.
Posición de la SCJM
La SCJM admitió el recurso y revocó la sentencia dictada por la cámara, por los siguientes fundamentos:
Admitió el agravio de la A.R.T. referido a la falta de consideración de las incapacidades preexistentes. Advirtió que, compulsada la página web oficial de la SRT, se constató que el actor efectivamente padece tres incapacidades preexistentes, que se encuentran firmes:
(i) IPP del 4%, por “cicatriz por quemadura tipo AB en MSD y “por tipo ab”, tramitado en el expediente administrativo N° 113194/13-SRT, con dictamen de fecha 11/10/2013.
(ii) IPP del 4,56%, por “limitación funcional de hombro derecho”, en virtud de un convenio suscripto ante la Cuarta Cámara del Trabajo en el expediente N° 162088, homologado en fecha 08/09/2022.
(iii) IPP del 5,2%, por “limitación funcional de hombro izquierdo”, en virtud de convenio celebrado ante la Segunda Cámara del Trabajo, en el expediente N° 165102, homologado en fecha 09/09/2024.
Argumentó que la sentencia carece de fundamento al considerar una incapacidad concreta, sin tener en cuenta la verdadera capacidad restante del actor.
Destacó que, en aras de la buena fe de las partes al litigar (art. 2 inc. “h” y 22 del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario), es deber legal del actor denunciar sus preexistencias, sin perjuicio del acceso que poseen los tribunales del trabajo para verificar incapacidades anteriores en la página web oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (conforme el citado Convenio – Marco entre la SCJM y la SRT N.º 30/11); así como las sentencias homologatorias firmes que reconocen incapacidades, que obran en el sistema “iurix on line” (una de ellas, incluso, dictada por el mismo tribunal).
Recordó que la Corte, en su composición en Sala II, por voto mayoritario resolvió que: “Denunciar la existencia del otro juicio que tramitaba (…), era un deber de buena fe y probidad que exige el mismo Código Procesal Civil Comercial y Tributario en el art. 22 a abogados y litigantes. Más allá de tratarse de un deber ético que obliga a los abogados a obrar con verdad. Aun cuando no fueran las mismas dolencias (…) la persona que las padece es la misma y por lo tanto correspondería computar sus secuelas a partir de del método de la capacidad restante o analizar como en el caso la similitud de las mismas, por lo cual era trascendente declarar la existencia del primer juicio…” (“Pardo”, 07/02/2022).
Concluyó que es deber de la parte actora, al iniciar el proceso o durante el mismo, informar la existencia de patologías preexistentes, ya sea en sede administrativa y/o judicial. Dicho deber subsiste aun cuando no sea el mismo profesional quien patrocine los otros reclamos, atento a que es el trabajador quien, desde el inicio, debe informar a los profesionales que lo asesoren y patrocinen que posee otras incapacidades, u otros reclamos tramitados ante la SRT o ante un tribunal del trabajo.
Resolvió, en punto a este agravio, avocarse a la resolución de fondo en este punto, calcular la capacidad restante del actor para adecuar la incapacidad parcial permanente informada en la pericia obrante en los autos principales.
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