¿Trepar un poste de la vía pública es escalamiento? El criterio de la Suprema Corte de Mendoza en el corte de cableado urbano
Sobre una plataforma fáctica acordada por las partes, la Suprema Corte de Mendoza resolvió que cortar con una sierra un cable de telefonía para sustraerlo es robo y no hurto, porque la fuerza del art. 164 del CP no necesita ser anormal ni vencer defensas predispuestas. En cambio, por mayoría, rechazó la agravante de escalamiento: trepar tres metros por un poste no alcanza, porque no hubo ingreso a un recinto cerrado ni una defensa dispuesta con propósito de exclusión. La disidencia, por su parte, sostuvo la tesis opuesta. Ambas posiciones citaron el mismo precedente.
Carátula:
Expediente:
13-07710558-6/1
Fecha:
5 de agosto de 2026
Tribunal:
Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Integración y votos:
Palermo - Valerio - Day
Hechos y antecedentes procesales
Según la plataforma fáctica tenida por acreditada, el 13 de agosto de 2022, aproximadamente a las 12:20 horas, en calle Belgrano y Santa Fe de Las Heras, dos sujetos, el acusado y un coimputado, se hicieron presentes en el lugar. Tras escalar un poste de madera de tres metros de alto, el acusado cortó con una sierra un cable de telefonía en uno de sus extremos, mientras el otro lo esperaba al lado del poste. Al intentar cortar el otro extremo fueron aprehendidos por personal policial sin lograr consumar el delito.
El caso llegó a juicio con un acuerdo probatorio. Las partes convinieron la existencia material del hecho y la autoría, de modo que el debate quedó circunscripto a la calificación jurídica y a la pena.
Sobre esa base, el TPC N.º 1 de la Primera Circunscripción Judicial, mediante sentencia n.º 3.819, condenó al acusado a un mes de prisión como autor de hurto simple en grado de tentativa (arts. 162 y 42 del CP). En el mismo acto revocó la condicionalidad de una condena anterior y unificó las penas en una única de siete meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Interposición del recurso de casación por el MPF
El Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación con fundamento en el art. 474 inc. 1 del CPP, sin controvertir la plataforma fáctica ni la valoración probatoria. Sus agravios fueron tres:
Calificación: sostuvo que el hecho constituye robo y no hurto.
Agravante: señaló que correspondía la agravante de escalamiento. Sostuvo que el juez se apartó de la posición mayoritaria adoptada por la propia Corte en «Suárez Acosta» y que la exigencia de ingresar a un lugar cerrado no surge de la ley argentina.
Pena: Al aplicar la escala del hurto simple, el tribunal impuso una pena por debajo del mínimo legal de la figura agravada.
Pidió que se casara la sentencia, se calificara el hecho como robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y se impusiera una pena de dos años de prisión.
Decisión del caso y análisis de los votos
La Corte, por mayoría, hizo lugar parcialmente al recurso y casó el resolutivo I de la sentencia.
Voto del Dr. Palermo (preopinante)
Aclara primero que el recurso no discute la prueba ni los hechos, sino sólo la calificación legal. Responde en dos planos.
La fuerza en las cosas. El concepto del art. 164 del CP es amplio: comprende toda energía física dirigida a superar las barreras materiales que protegen la cosa, sea destruyéndola, desplazándola o modificando su situación. No se limita a vencer defensas predispuestas por el propietario, de modo que también hay fuerza cuando el objeto está simplemente adherido o empotrado. Y no se exige que sea anormal o extraordinaria: basta con que la cosa oponga resistencia y el autor despliegue la energía necesaria para vencerla.
El escalamiento. Con remisión a su posición en «Suárez Acosta», sostiene que el término no se agota en trepar o alcanzar algo situado en altura. El fundamento de la agravante es el vencimiento de defensas predispuestas mediante un esfuerzo significativo, lo que exige dos cosas: ingreso a un recinto cerrado por una vía insólita, y que la altura cumpla objetivamente una función de defensa. Ninguna concurre aquí: el cableado está en altura por razones técnicas, funcionales y urbanísticas, no de protección, y los cables colgaban de un poste en la vía pública, sin recinto alguno.
Concluye que la conducta no es hurto simple, pero tampoco robo con escalamiento, sino robo simple en grado de tentativa.
Voto del Dr. Valerio (adhiere por su voto)
Coincide con la solución. Sobre la fuerza adhiere y precisa que queda comprendida toda actividad necesaria para vencer la oposición de la cosa, incluida la que produce su inutilización o daño.
Sobre el escalamiento aporta un argumento propio, de sobreinclusión: si se prescinde del ingreso a un lugar cerrado, cualquier supuesto en que alguien trepe para alcanzar un objeto en altura sería escalamiento, lo que desnaturalizaría la figura y llevaría a resultados irrazonables.
Voto de la Dra. Day (en disidencia)
Propicia admitir el recurso en su totalidad. Adhiere en cuanto a la fuerza y disiente en los dos presupuestos que la mayoría exige.
El recinto cerrado no es exigible. Sostiene que el fundamento de la agravante es la mayor violación de las defensas privadas, y que de ahí no se deriva la necesidad de ingresar a un espacio cerrado, exigencia sin respaldo en el texto legal y tomada de interpretaciones foráneas. El escalamiento es el desplazamiento corporal ascendente que supera barreras materiales predispuestas.
La defensa no necesita haber sido dispuesta para proteger. Basta con que cumpla objetivamente una función de resguardo, derivada de su ubicación, su estructura o las circunstancias. Y en las instalaciones en altura existen razones técnicas que incluyen dificultar el acceso indebido y prevenir riesgos.
Aplicado al caso, los postes que soportan la red aérea son una barrera material idónea con carácter de exclusión, de modo que trepar tres metros configura la agravante del art. 167 inc. 4 en función del art. 163 inc. 4 del CP.
Solución del caso
Se hace lugar parcialmente al recurso.
Se casa el resolutivo I de la sentencia n.º 3.819, que quedó redactado condenando al acusado como autor de robo simple en grado de tentativa (arts. 164 y 42 del CP).
Se remiten las actuaciones al tribunal de origen para que la OGAP sortee el juez que deberá determinar la pena aplicable. Por tanto, no se fija el monto de la sanción.
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