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Ingresos Brutos y contratos de concesión: la SCJM fijó las exigencias probatorias para tributar por margen de intermediación

hace 15 minutos
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En un pronunciamiento clave para la fiscalidad provincial, el Máximo Tribunal rechazó la demanda procesal administrativa de una distribuidora y confirmó la determinación de oficio de la ATM, estableciendo que el informe técnico del caso "Panella" no resulta aplicable a la firma, por no haber probado la existencia formal de un contrato de concesión vigente durante los períodos auditados. Sobre esta base, consideró que no podía tributar por el margen de intermediación y no le resultaba aplicable una base imponible especial en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.



Carátula: 

Expte N°:

13-07428033-6

Tribunal: 

SCJM Sala con Competencia Originaria

Fecha:

06/10/2026

Votos:

Gómez - Valerio - Garay


Hechos

  • El litigio judicial tuvo su origen en el procedimiento de fiscalización y determinación de oficio respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los períodos fiscales de enero de 2016 a diciembre de 2018.

  • El 27/05/2021, ATM dictó Resolución de Determinación de Oficio N° 307/2021, aprobando la determinación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (períodos 01/2016 a 12/2018) por $14.538.967,23, con más $15.553.216,23 de intereses (art. 60 C.F.) y una multa del 200% ($60.559.326,39, conforme al art. 69 C.F. y Res. Gral. ATM 07/2014), intimando una deuda total acumulada de $90.651.509,85 al 15/06/2021.

  • El contribuyente interpuso recurso de revocatoria. Desestimado sustancialmente, la empresa planteó recurso jerárquico, cuyo rechazo habilitó la vía judicial.


Posición de la parte actora

  • Alestemar S.A. sostuvo que liquidó correctamente el tributo sobre la base del margen de retribución de la actividad de distribución de bebidas provistas por Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A., encuadrándose en el art. 168, segundo párrafo, del Código Fiscal (t.o. 2017) y art. 178 (t.o. 2019) como intermediario/mandatario que actúa por cuenta de terceros.

  • Alegó que su vinculación contractual con Quilmes era idéntica a la de otros distribuidores, como José Esteban Panella S.A., a quien la ATM le reconoció la liquidación sobre el margen neto, en virtud del Informe Técnico N° 2/2017 del 13/03/2017 (Expte. 2693-D-2017-01130). Vía hecho nuevo, invocó también la Resolución DGR N° 81/2024, en la que se aplicó igual criterio a la firma Distrosol S.A..

  • Afirmó que la ATM actuó de manera arbitraria al desconocer en su caso los criterios aplicados a empresas del mismo rubro, violentando los principios constitucionales de igualdad ante la ley, razonabilidad y la doctrina de los actos propios al hacer la carga tributaria significativamente más onerosa.

  • Argumentó que la relación de concesión/distribución se perfeccionó de forma tácita y mediante intercambio de correos electrónicos (destacando un correo de fecha 04/02/2021 y acta notarial del 18/06/2021), conforme a la libertad de formas y reglas de consentimiento del Código Civil y Comercial de la Nación (arts. 262, 264 y 971 CCCN).

  • Sostuvo que la resolución sancionatoria carecía de considerandos y motivación razonable respecto de los argumentos defensivos vertidos, configurando vicios graves del art. 63 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA N° 9003).


Posición de la demandada

  • La ATM señaló que para aplicar la base imponible especial (art. 168 2° párr. y art. 178 del C.F.), el precedente "Panella" exige cuatro requisitos concurrentes:

    • 1) distribución de productos concesionados según el CCCN;

    • 2) existencia de contrato formal que refleje la concesión;

    • 3) concertación posterior a la vigencia del CCCN (01/08/2015); y

    • 4) pacto expreso de la retribución.

  • Destacó que Alestemar S.A. no aportó convenio o instrumento alguno celebrado con Quilmes que demostrara que actuaba por cuenta y nombre de terceros durante los períodos inspeccionados (01/2016 a 12/2018).

  • Precisó que el correo electrónico del 04/02/2021 y el acta notarial del 18/06/2021 eran contemporáneos a fechas posteriores por más de dos años a los períodos fiscalizados, sin valor ni efecto retroactivo, y carentes de cláusulas de un contrato de concesión formal conforme al CCCN.

  • EL Fisco concluye que al haber vendido los productos en nombre y por cuenta propia, la base imponible debía constituirse por el total facturado a los compradores y no por el margen (art. 172 t.o. 2019).

  • Defendió la multa graduada al 200% por configurarse la infracción al art. 69 del Código Fiscal y haberse aplicado correctamente la Resolución General ATM N° 07/2014.


Decisión de la SCJM

La Corte rechazó la acción procesal administrativa interpuesta por el contribuyente, sobre la base de los siguientes fundamentos:

  • Determinó que quien pretenda liquidar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la alícuota diferenciada del margen de retribución (art. 178 C.F.) tiene la carga probatoria inexcusable de acreditar la existencia formal y vigencia del contrato de concesión o mandato para los períodos liquidados.

  • Ratificó que la actora no aportó el contrato o convenio celebrado por la empresa Quilmes o cualquier otra documentación suscripta por ésta donde se verificase su actuación por cuenta y nombre de terceros, de modo de justificar su actividad bajo las denominadas figuras de comisionista, consignatario, mandatario, corredor, representante y/o cualquier otro tipo de intermediario en operaciones de naturaleza análoga cuya forma de liquidación esté establecida en el art. 178 del CF (t.o. 2019).

  • A su vez, sostuvo que simples correos electrónicos con fechas posteriores (04/02/2021) y términos ambiguos carecen de eficacia probatoria para acreditar retroactivamente un contrato de concesión regulado por el CCCN.

  • Valoró como elemento dirimente el informe expreso de la concedente (Quilmes), que declaró que "no existen acuerdos ni contratos celebrados con los contribuyentes", y la declaración testimonial del Gerente Zonal de Quilmes (del 24/06/2025), quien confirmó que la relación era "un contrato más de compra y venta en nombre propio y no una redistribución", donde el distribuidor compra a un precio y vende a otro.

  • Expresó que tampoco resulta ilegítima la no aplicación al caso del Informe Técnico “Panella” -principal argumentación defensiva de Alestemar SA-, no sólo porque no acreditó la relación contractual que invoca, sino que además, conforme lo dispone el art. 97 bis del Código Fiscal (2017), estos informes no son aplicables a favor o en contra de terceros ajenos a la consulta que los provocó.

  • Con relación a la multa, sostuvo que las argumentaciones de la demanda no determinan la ilegitimidad del actuar de ATM, puesto que ese organismo no hizo más que aplicar al caso lo dispuesto en el art. 69 del Código Fiscal y en su reglamentación Resolución General Nº 7/2014.


Solución del caso

  • Rechaza la acción procesal administrativa interpuesta por Alestemar S.A.

  • Costas a la vencida.

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