Mendoza habilita el envío de videos por WhatsApp para reportar infracciones viales
- A. Monserrat Ortega
- hace 6 días
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La Provincia de Mendoza sancionó la Ley N°9701, mediante la cual se incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024, que habilita a cualquier persona a remitir material audiovisual, incluidos videos enviados por WhatsApp, para reportar posibles infracciones a la normativa vial. La norma, publicada en el Boletín Oficial el 13 de abril de 2026, introduce una herramienta que busca fortalecer el control vial mediante la colaboración ciudadana, incorporando canales digitales oficiales como vía de comunicación.
¿Qué permite concretamente la ley?
El nuevo artículo establece que cualquier persona podrá enviar a municipios o al Ministerio de Seguridad y Justicia material audiovisual donde se adviertan posibles infracciones de tránsito, utilizando plataformas digitales oficiales, incluyendo mensajería instantánea.
Sin embargo, la ley delimita claramente el alcance de este mecanismo. El envío del material no constituye una denuncia formal ni otorga fe pública respecto de la autenticidad o veracidad del contenido. Asimismo, la autoridad administrativa puede descartar el material cuando existan indicios de falsedad o cuando no corresponda a la jurisdicción.
Intervención judicial: el rol del juzgado vial
Cuando del material surjan datos suficientes, la autoridad podrá remitirlo al juzgado vial competente, acompañado de un informe preliminar que identifique la posible infracción y los datos que puedan extraerse del registro. El juzgado será el encargado de analizar esa información y determinar los pasos a seguir, validando o disponiendo las medidas necesarias para verificar el contenido.
La norma introduce una forma de “comunicación ciudadana digital” que no se equipara a una denuncia, pero que puede activar la intervención estatal.
Conclusión
La Ley 9701 representa un avance en la incorporación de herramientas digitales al control vial, promoviendo la participación ciudadana. Sin embargo, lo hace con cautela, al excluir cualquier efecto automático del material remitido y reservar al juzgado vial la decisión final sobre su validez y relevancia.
En definitiva, se trata de un sistema que abre la participación al mismo tiempo que busca resguardar las garantías propias del debido proceso.
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