Funcionarios públicos de Mendoza deberán responder económicamente por demoras administrativas según nuevas leyes

La Legislatura de Mendoza sancionó las leyes N° 9641 y N° 9642, publicadas en el Boletín Oficial el 18 de agosto de 2025. De esta manera, se modifica el Código Procesal Administrativo y el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza y se establecen mecanismos más estrictos para combatir la mora administrativa y determinar responsabilidades individuales de los funcionarios públicos en procedimientos judiciales.

Ley N° 9641: Identificación de responsables por denegaciones tácitas

La primera norma incorpora el artículo 38 bis a la Ley N° 3918, estableciendo que cuando un tribunal admita formalmente una acción por denegación tácita, deberá identificar específicamente al agente o funcionario responsable de la mora administrativa. Una vez identificado, el organismo demandado estará obligado a aplicar las sanciones disciplinarias previstas en el artículo 2° de la Ley 9003.

Esta modificación busca personalizar la responsabilidad administrativa, evitando que las demoras en resolver expedientes queden sin consecuencias para quienes las generan.

Ley N° 9642: Responsabilidad en amparos por mora

La segunda ley modifica el inciso III del artículo 219 de la Ley N° 9001, precisando el procedimiento del amparo por mora contra la administración pública provincial o municipal. La norma establece que el informe circunstanciado requerido en estos casos debe ser evacuado por el órgano o agente administrativo competente para resolver la cuestión de fondo.

Además, introduce una novedad significativa: si el amparo por mora prospera, el funcionario responsable podrá ser condenado al pago de las costas del proceso, estableciendo una consecuencia económica personal por la demora injustificada.

Articulación con el régimen sancionatorio

Ambas leyes referencian la Ley N° 9003, que establece el régimen de responsabilidad y competencias administrativas. Esta articulación normativa permite aplicar de manera efectiva las sanciones disciplinarias correspondientes a los funcionarios que incurran en mora, cerrando posibles vacíos de responsabilidad.

Las nuevas disposiciones entraron en vigencia con su publicación oficial y representan un endurecimiento del marco normativo destinado a garantizar la eficiencia administrativa y el respeto a los plazos legales en la gestión pública mendocina.